La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) pidió una “reflexión profunda” a la gobernadora María Eugenia Vidal antes de promulgar una ley que obliga a utilizar la expresión “dictadura cívico militar” y el número “30.000” para estimar la cantidad de desaparecidos ya que considera que afecta la libertad de expresión, algo que fue rechazado por su autor, el diputado Darío Díaz Pérez.

La entidad, que agrupa a algunos de los más importantes editores periodísticos del país, incluyó el pedido a la gobernadora, aunque sin nombrarla, en el informe sobre libertad de prensa dado a conocer durante su 163 junta de directores, que se celebró ayer en Buenos Aires. Se trata de un trabajo titulado “La videncia de los principios y el camino hacia una nueva senda”, en el que se achaca cuestiona el proyecto por desconocer “la mejor tradición en materia del libertad de expresión”. 

Aunque no lo identifica, Adepa habla en su informe de un proyecto que “impone de manera obligatoria la utilización de ciertas denominaciones en las menciones a hechos históricos recientes”. Se refiere al proyecto de “Acción permanente anti-negacionista, por la Memoria y la Verdad”, transformado en ley en Diputados el 23 de marzo pasado, que obliga a utilizar la expresión Dictadura Cívico Militar y el número de 30 mil desaparecidos en publicaciones oficiales del Estado bonaerense. 

Aunque en el gobierno provincial declinaron hacer comentarios, el senador Darío Díaz Pérez (FpV), autor del proyecto, dijo a la agencia de noticias DIB que “esto no afecta para nada a la libertad de expresión porque se refiere solo a publicaciones oficiales”.